El maltrato y la corrupción de menores constituyen un complejo fenómeno social cada vez más frecuente y preocupante por la honda huella traumática que deja entre sus víctimas cuando pueden salir con vida. En nuestra provincia se han dado numerosos casos, y en el país hubo en una semana tres muertes de niños causadas por malos tratos.
La infancia se encuentra en una vulnerabilidad que debe movilizarnos para atender con solicitud y prevenir con dedicación cualquier acto de violencia física o emocional en ese período de la vida, por el hecho mismo de que son personas. Como si esto fuera poco, la lista de nombres que lleva las organizaciones Missing Children y la Red Solidaria señala que en los dos últimos años casi se duplicó la cantidad de chicos perdidos en el país, pasando de 109 casos a 200. ¿Cómo se ha podido llegar a una situación semejante?
En el fondo hay una profunda crisis de la cultura, haciendo cada vez más difícil ver con claridad el sentido de la persona humana, de sus derechos y deberes, agravada por una violencia sistemática que es expresión de nociva agresividad social y de una pobreza humillante, fruto de una inhumana injusticia. No puede tener bases sólidas una sociedad que acepta o tolera las formas más diversas de desprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es débil y marginada. Todo delito contra la vida es un atentado contra la paz.
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